Archivo de la categoría: Tribunales de Justicia

Discrimen por color y represalias

The U.S. Equal Employment Opportunity Commission


6-22-09

La Mueblería Koper Hostigó a un Empleado Por Su Piel Oscura y Lo Despidió Por Quejarse, Según Cargos Radicados Por la Agencia

San Juan, P.R. – La Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) alega que la mueblería Koper violó la ley federal al permitir que su gerente hostigara a un puertoriqueño de piel oscura por causa del color de su piel y por despedirlo al éste quejarse, según lee la demanda que fuera radicada hoy.

Koper opera varias mueblerías alrededor de todo Puerto Rico. Según la demanda, EEOC v. Koper Furniture, Inc., Caso Núm: 09-1563 (JAG), en la corte federal para el Distrito de Puerto Rico, la gerente que tambien es puertorriqueña, se mofaba del vendedor por tener piel oscura y le preguntaba por qué era “tan negro.” La EEOC menciona en la demanda que Koper tomó represalias en contra del vendedor al despedirlo después que se quejó de hostigamiento.

La alegada conducta viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La EEOC demandó después de intentar alcanzar un acuerdo voluntario.

“La ley federal protege a las personas de ser discriminadas por raza y por color en el lugar de trabajo,” dijo Jacqueline H. McNair, directora de distrito de la oficina del EEOC en Miami. “De igual importancia es que la ley protege aquellos que se quejan ejerciendo derechos federales de protestar al ser discriminados. La Comisión toma los alegatos de discrímen con mucha seriedad y ha presentado ésta demanda para asegurar la integridad al ejercer esos derechos.”

La Lcda. Nora Curtin, abogada regional del distrito de Miami, añadió que “El hostigamiento basado en el color de la piel puede ser tan humillante y degradante como otras formas de discriminación. Los empleadores deben atender las quejas relacionadas al color de la piel con mucha seriedad y se debe castigar al responsable de la conducta y no a la víctima.”

La EEOC ha observado cómo las querellas basadas en el discrímen por el color de la piel ha ido en aumento en el transcurso de los pasados 15 años.

La EEOC hace cumplir las leyes federales que prohíben discrímen en el empleo. Se puede accesar mas información sobre el EEOC en la página web de la agencia.

*** Hasta en DACO tienen expediente ver Aquí


1 comentario

Archivado bajo Análisis, Despido, Empleo, Hostigamiento Laboral, Tribunales de Justicia

Policía, quieres saber a lo que te expones con la Ley 7

La verdad es que a mi no me llama la atención la política, pero nunca había visto a Puerto Rico tan cerca de una Dictadura, MALDITO FORTUÑO…

Esta información la conseguí gracias al Blog del Prof. Núñez (DigiZen)

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Deja un comentario

Archivado bajo Agentes, Análisis, Asamblea Legislativa, Asenso, Beneficios del Empleado, Empleo, Ordenes Administrativas, Ordenes Generales, Política Pública, Policías, Reglamentos, Tribunales de Justicia, Vida

CUANDO UN CASO ES ACADEMICO

Comentario nº 1
Has escrito el 09 de enero de 2009 a las 1:00

El Tribunal Supremo nuestro más alto foro acogió una definición abarcadora y flexible al concepto académico:

Un caso es académico cuando se intenta obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que este haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente. Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que la misma pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguna en cuanto a esa controversia.

Con esta limitación sobre el poder de los tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resultan superfluos. Es por esto que cuando se determina que un caso se ha tornado académico los tribunales deben abstenerse de considerarlo en sus meritos.

Deja un comentario

Archivado bajo Apelación, Compromiso, Medidas Diciplinarias, Rama Judicial, Tribunales de Justicia

Que dice Tribunal Supremo Sobre Libertad Expresión Empleados Públicos

Comentario nº 1
Has escritoel 31 de diciembre de 2008 a las 3:17

La expresión sobre asuntos de interés público protegida por la libertad de expresión, es la que atañe a asuntos de interés político, social u otra índole, para la comunidad, no asuntos vinculados a intereses propios y particulares del empleado. No es de interés público, “cuando la expresión versa sobre disputas y quejas individuales del personal, irrelevantes para la evaluación, por parte del público del desempeño de las agencias gubernamentales. Por otro lado, expresiones que tienen que ver con asuntos sobre los cuales la información es pertinente o necesaria para que los miembros de la sociedad tomen decisiones informadas sobre el funcionamiento de su gobierno, ameritan el más alto grado de protección conforme la libertad de expresión. “El principio dimanante es que toda expresión proveniente de un empleado público, cuyo contenido esté protegido por la libertad de expresión, tiene derecho, cuanto menos, a cierta protección cualificada contra acciones disuasivas del patrono, a excepción de las expresiones que, vistas de manera realista, son puramente de ‘interés personal’… El enfoque es, por lo tanto, si el ‘público’ o la ‘comunidad’ tiende a preocuparse o interesarse de verdad en la expresión particular, o si a ésta se considera más bien como un asunto esencialmente privado entre patrono y empleado”.

Para determinar la naturaleza de la expresión, el Supremo Federal en Connick v. Myers, supra, estableció la necesidad de inquirir, caso a caso, sobre su contenido, forma y contexto. Indicó además, que si la expresión toca de alguna forma, aunque limitada, asuntos de interés público, debía considerarse protegida.

Deja un comentario

Archivado bajo Agentes, Compromiso, Empleo, Los Municipios, Rama Judicial, Tribunales de Justicia

Administrativo vs Criminal

Declaración jurada

En un caso criminal cuando no tienes la oportunidad de contrainterrogar, no es admisible la declaración jurada por vía de excepción, por ser prueba de referencia.

En un procedimiento administrativo la Ley Procedimiento Administrativo Uniforme, en su sección 3.13 (c) (e) dispone:
(e) Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas administrativas pero los principios fundamentales de evidencia se podrán utilizar para lograr una solución justa, rápida y económica del procedimiento. En conclusión, en los procesos administrativos no aplican con todo su rigor las Reglas de Evidencia, por lo que la declaración jurada es admisible.

Nota: En una investigación administrativa se acepta una declaración jurada y en la vista informal si el querellante no esta disponible, se continúa con el proceso utilizando la declaración jurada.

2 comentarios

Archivado bajo Apelación, CIPA, DAI, Despido, Empleo, Investigación Administrativa, Medidas Diciplinarias, Policías, Policías Municipales, Tribunales de Justicia

Ley de Salud Mental (Petición de Ingreso)

Comentario nº 1
Has escrito el 11 de octubre de 2008 a las 11:25

Peticiones de Ingreso

Si usted observa que:

Un familiar, un conocido o cualquier persona de 18 años o más de edad, se está causando daño así mismo, a otra persona o a la propiedad, debido a que aparenta padecer de sus facultades mentales, debe conocer que la Ley de Salud Mental de Puerto Rico de 2000 permite presentar una petición juramentada al Tribunal para que éste ordene que se le evalúe psiquiátricamente y de ser necesario, se le hospitalice.

1. Solicitud

La persona peticionaria debe comparecer al Tribunal y llenar un formulario oficial llamado Petición de Admisión Involuntaria, en el que se le requiere la siguiente información:

– Un detalle de las razones que llevan a aseverar que la persona debe ser evaluada, incluyendo una descripción de los actos que dan base a su aseveración, especificando el lugar y la fecha en que ocurrieron.

– El nombre del familiar más cercano de la persona a ser evaluada. Si se desconoce esta información, deberán expresarse las gestiones que se realizaron para intentar obtenerla.

– La realización entre la persona peticionaria y la persona a ser evaluada. Además, deberá expresar si tiene o no algún interés económico o litigioso (ya sea de naturaleza civil, criminal o administrativo) o de cualquier otra naturaleza con respecto a la persona a ser evaluada.

– El nombre, la dirección y el teléfono de las personas que puedan proveer la información que la parte peticionaria desconoce.

2. Evaluación de la Solicitud

El tribunal evaluará la petición y podrá determinar si procede o no una Orden de Detención Temporera por un termino no mayor de 24 horas para que la persona sea evaluada por un siquiatra en una Institución proveedora de servicios de salud mental. Si se expide la orden ésta quedará sin efecto dentro de los tres (3) días naturales a partir de su expedición.

3. Procedimientos Posteriores

Una vez la persona es evaluada por la institución médica en el periodo de 24 horas, si se determina que no necesita tratamiento, se le da de alta. Por el contrario, si se determina que debe permanecer hospitalizada, se le entrega a la persona peticionaria una primera certificación. Esta certificación deberá llevarse al Tribunal que emitió la Orden de Detención Temporera de 24 horas para entonces solicitar a este que dicte una nueva orden llamada Orden de Ingreso Involuntario para que la persona que necesita servicios de salud mental permanezca hospitalizada por un periodo de hasta 15 días. Cuando sea necesario se podrá solicitar la extensión de la hospitalización, que no excederá del término de quince (15) días adicionales. Para ello será necesaria una segunda certificación.

Deja un comentario

Archivado bajo Trabajador Social, Tribunales de Justicia

Querellas: Ley 140

Comentario nº 1
Has escrito el 11 de octubre de 2008 a las 11:21

La Ley de Controversias y Estados Provisionales de Derecho (Ley 140 de 23 de julio de 1974) creó un procedimiento sencillo y rápido para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan resolver ciertas controversias en los tribunales sin necesidad de recurrir a otros procedimientos más complicados ni de tener que hacerlo mediante abogado. Cualquier persona mayor de edad puede iniciar una querella al amparo de la Ley 140 con solo acudir ante un Juez Municipal.

1. Tipos de controversias
La Ley enumera una serie de controversias que los Jueces Municipales pueden atender mediante este procedimiento rápido. Estas son:

Controversias sobre colindancias y derecho de paso y controversias entre vecinos que afecten la convivencia y el orden social.
Solicitudes de custodia de menores
Medidas provisionales en casos de separación de cónyuges válidamente casados o de personas que vivan en concubinato respecto a la posesión y uso de la vivienda común de los objetos que haya en aquélla.
Controversias entre arrendadores y arrendatarios respecto a mejoras urgentes en propiedades destinadas a fines residenciales.
Controversias entre el dueño de obra y contratista, maestro o persona encargada, respecto a las condiciones, desarrollo y compensación de una obra cuyo valor no exceda de tres mil dólares.
Controversias entre el propietario de un vehículo de motor con el mecánico, el hojalatero y el pintor respecto a la retención del vehículo, las condiciones del trabajo y la compensación por éste.
Controversias en cuanto a la garantía y reparación de objetos muebles siempre que la suma implicada no exceda de tres mil dólares.
Reclamaciones saláriales de un obrero contra su patrono que no excedan de tres mil dólares o que surjan de actuaciones u omisiones del patrono en violación a la legislación laboral y exijan remedios reparativos de carácter no monetario, tales como el cumplimiento estricto de determinada obligación o la cesación de determinada práctica.
Controversias en casos de crianza de animales en distritos residenciales.
Controversias en las cuales se alegue la existencia de perturbaciones que fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpan el libre uso de la propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la vida o de los bienes.
Controversias en las cuales se alegue que el padre, madre o tutor de un menor o incapacitado no cumple con el deber de velar por el bienestar del menor o del incapacitado o por su comportamiento en la comunidad.
Controversias sobre la custodia de los bienes muebles del caudal hereditario.
Como éstos, hay también otros asuntos de similar naturaleza que pueden ser atendidos en forma rápida y económica.

2. Procedimiento
Para presentar una querella e iniciar el procedimiento para solucionar rápidamente una controversia como las anteriores, basta con que cualquier persona mayor de edad comparezca ante un juez o una jueza y exponga bajo juramento, en forma verbal o escrita, una querella sobre alguno de los asuntos apuntados.

El juez o la jueza evaluará lo expuesto por la persona y si determina que existe una controversia, ordenará que se cite a las partes involucradas.

3. Comparecencia
Citadas las partes al Tribunal, de no comparecer algunos de ellos, estará sujeto a un desacato, que es el delito que castiga el incumplimiento de una orden judicial.

El día de la comparecencia el juez o la jueza escuchará a las partes y a sus testigos, si los hubiere. Las partes que así lo interesen pueden comparecer asistidos de abogado o abogada, pero ello no es necesario. El Tribunal intentará que las partes lleguen a un acuerdo y dictará una resolución que contendrá dicho acuerdo, o lo que el Tribunal determine si no se pudiera llegar a un acuerdo.

En muchos casos la resolución fija un estado provisional de derecho, es decir contiene una determinación del Tribunal que es obligatoria para las partes por el tiempo que el Tribunal determine o hasta que cualquiera de las partes acuda a un Tribunal de mayor jerarquía para que éste resuelva definitivamente la controversia. Un estado provisional de derecho es obligatorio para las partes.

4. Incumplimiento
Si una parte incumple alguno de los términos fijados en la resolución del Tribunal, puede estar sujeta a una pena de cárcel máxima de 6 (seis) meses, o a multa de $500.00, o a ambas penas.

2 comentarios

Archivado bajo Compromiso, Tribunales de Justicia